Acá les dejamos un interesante articulo acerca de que tanto les interesamos a los que prestan los servicios de telecomunicaciones como al gobierno en general:
Si se hiciera una evaluación de las acciones llevadas a cabo durante todo este siglo XXI por parte del Senado, de la Cámara de Diputados, de Presidencia de la República, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, el resultado sería que usted y yo estamos en el último punto de prioridades en temas de telecomunicaciones, es decir, no les importamos. Pero ¿por qué si las autoridades están para buscar el interés general de millones de mexicanos y la Constitución señala que el Estado debe garantizar el desarrollo justo y equitativo? Una síntesis podría ser: (1) falta de compromiso para conocer, entender y resolver las problemáticas reales y enfocarse sólo en lo que estaquillero mediáticamente, y (2) lealtad a los intereses económicos de grupos corporativos. Veamos algunos ejemplos.
Cobro por segundo. ¡Qué bonito se escucha que el Senado y los Diputados hayan aprobado que las empresas de celular tengan planes que sólo cobren con base en los segundos que uno llama y no todo el minuto aunque mi llamada haya sido de 20 segundos! Eso sí, las empresas de celular pueden decidir que en el plan por segundo, el segundo cueste 1 peso y en el plan por minuto el minuto cueste 2 pesos. Dicho de otra manera, la reforma no mejora nada para usted y yo, y seguiremos pagando servicios de telecomunicaciones caros.
Roaming. En México le cobran cuando usted usa su celular fuera de su ciudad bajo el pretexto del roaming, cuando legalmente no debieran de cobrar ni Telcel, ni Movistar, ni Iusacell, porque las redes de cada una de estas empresas es con cobertura nacional. Esto ya fue denunciado por el Consejo Consultivo de la Cofetel en una recomendación del año pasado, ¿qué se ha hecho? Nada. Este negocio multimillonario de roaming en perjuicio de usted y yo, ha permanecido intocado por las autoridades y el Congreso de la Unión.
Ventas atadas. La práctica en México ha sido que si deseo contratar Internet, forzosamente tengo que contratar una línea telefónica fija con Telmex, por ejemplo. ¿Por qué si técnicamente no tendría que ser ese tipo de ventas atadas? Si en el discurso el Presidente Enrique Peña desea impulsar la banda ancha y si se creó ya una Comisión Especial de Agenda Digital con los Diputados, ¿por qué la Procuraduría Federal del Consumidor y la Cofetel no han actuado para hacer efectiva la prohibición legal de las ventas atadas? ¿Temen beneficiarnos a usted y a mí en detrimento de las ganacias indebidas de empresas de telecomunicaciones?
De las iniciativas que sí se han hecho en beneficio de nosotros los ciudadanos son los proyectos para difundir información para no ser víctima de los abusos por desinformación. Entre ellas destacan las que fueron encomendadas a AlConsumidor con “Aprendiendo a Dominar el Celular” (www.alconsumidor.org/cicc) y a Observatel con las guías de consejos para niños y adultos (www.observatel.org). La ciudadanía debemos de aprovecharemos de esas herramientas y exigir el cambio por parte de nuestros legisladores y los servidores públicos. Éstos deben actuar con diligencia, conocimiento y oportunidad, de lo contrario quebrantan los principios constitucionales con base en los cuales fueron electos.
Suprema Corte, ¿tortuguismo y opacidad? La Corte ha sido el fiel de la balanza en telecomunicaciones, pero ahora aflora un aspecto que ensombrece su labor. La Corte presidida por el ministro Juan N. Silva Meza ha tardado más de un año en hacer públicas las ejecutorias de las controversias constitucionales 73/2010 y 74/2010 relativas a la transición a la televisión digital que tanto interesan no sólo a Televisa y a TV Azteca sino a usted y a mí también. La Corte resolvió esos asuntos en noviembre de 2011 y el 4 de enero pasado, me respondieron citándome una serie de acuerdos de la propia Corte (¿están esos acuerdos por encima de la Constitución?) que en pocas palabras tuviera paciencia porque la Corte no tiene un plazo límite para hacer públicas las resoluciones. Si a eso se añade que la Corte y el Poder Judicial Federal suprimen indebidamente los nombres de las empresas bajo el argumento de que es un dato personal, haciendo caso omiso a la definición de la ley de que “dato personal” es aquél de una persona física, la Corte en estos asuntos de transparencia está reprobada. ¿Cambiará eso la Corte o a ella también no le importamos usted y yo?
