La iniciativa liderada por la diputada Juanita Guerra busca abordar un desafío aparentemente inofensivo: poner fin al recurrente uso de los mismos dispositivos por parte de extorsionadores telefónicos.
Medidas contra la extorsión en México
Según el proyecto presentado por la legisladora del grupo parlamentario Morena, empresas operadoras como Telcel, AT&T y Movistar se verían obligadas a proporcionar mensualmente a la Fiscalía General un listado de números que se presume son utilizados en actividades extorsivas.
La clave radica en el término “presuntamente”. Aunque el documento no aborda los procedimientos específicos, sí estipula que las compañías concesionarias deberán suministrar a la fiscalía una lista de números señalados por su presunta implicación en extorsiones.
Posteriormente, la fiscalía estaría encargada de tomar medidas, no solo para la cancelación de dichos números, sino incluso para inutilizar los dispositivos móviles vinculados, haciendo uso de los códigos IMEI.
La cantidad de extorsiones telefónicas perpetradas en México permanece envuelta en un manto de incertidumbre. Este problema se encuentra arraigado profundamente, siendo sumamente complicado denunciarlo y aún más desafiante lograr enjuiciamiento o sentencia.
Uno de los casos más destacados en los medios recientemente es el relacionado con las aplicaciones conocidas como “montadeudas”, que resultó en la desarticulación de empresas en la Ciudad de México.
Estas entidades no solo defraudaron a innumerables usuarios, sino que también los sometieron a extorsiones que involucraban imágenes comprometedoras, hostigamiento y la difusión de contenido visual manipulado y privado.
Una práctica común en nuestro país
De acuerdo con un informe emitido por el Consejo Ciudadano, el fenómeno de las extorsiones telefónicas experimentó un asombroso aumento del 90% entre los años 2012 y 2018, subrayando la magnitud del problema.
Sin embargo, el contenido del documento plantea la posibilidad de que cualquier número telefónico denunciado ante el número 089 sea automáticamente desconectado en México. Esta medida se aplicaría sin previa investigación y sin la verificación de la comisión de algún delito.
Aparte de la ausencia de procedimientos claros, el contenido también retoma conceptos presentes en iniciativas anteriores como el RENAUT de 2009 y, más recientemente, el PANAUT de 2021. Este último buscaba unificar datos personales y biométricos de los ciudadanos mexicanos con sus líneas telefónicas.
Regulación de las líneas telefónicas
De manera específica, la propuesta de la diputada Guerra implica que los proveedores de servicios deberían solicitar una identificación oficial a cambio de habilitar una línea telefónica. Sin embargo, esta iniciativa parece haber pasado por alto los análisis realizados por la Red por la Defensa de los Derechos Digitales (R3D), que previamente se opuso tanto al RENAUT como al PANAUT.
Argumentan que regulaciones de identificación podrían propiciar la aparición de un mercado negro de tarjetas SIM o potenciar extorsiones utilizando números extranjeros.
La iniciativa presentada por la diputada Guerra es decidida en su enfoque: con el objetivo de llevar a cabo todas las medidas mencionadas anteriormente, se establece que las líneas telefónicas de prepago en México que no estén asociadas a información personal de identificación oficial deberán ser desactivadas.
Se ha planteado un plazo de un año para que los usuarios de líneas telefónicas de prepago proporcionen sus datos.
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