Si a nivel mundial ha causado mucho ruido los cambios en las políticas de WhatsApp, a los mexicanos se les debe agregar una posible preocupación más que implica que la fuerzas policiales accedan a los datos de ubicación de los teléfonos.
En este caso, la Diputada de Morena, Juanita Guerra Mena, ha propuesto que se reforme los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para que la policía estatal de investigación tenga acceso al GPS de teléfonos móviles.
Recordemos que Apple ha luchado por el derecho de proteger la información de sus usuarios y si bien hay casos en los que la evidencia sobre todo criminal aparece en el uso del dispositivo móvil, en México no hay hasta ahora una ley que obligue a las autoridades a que los usuarios compartan sus datos y ubicación en tiempo real, con organismos gubernamentales como se pretende con esta iniciativa.
De aprobarse, los concesionarios de telecomunicaciones, los proveedores de servicios de aplicaciones y de contenidos se verían obligados a compartir dicha información cuando las la policía en funciones de investigación de las secretarías de Seguridad Ciudadana o de Seguridad Pública de las entidades federativas lo requieran.
Un paso polémico en casos donde apliquen hechos delictivos, aunque se mencione que sea con fines de prevención o combate del delito, pero estando en época de elecciones, es cuestionable el uso que se le podría dar. Un ejemplo reciente de que no es necesario tener este acceso, son los hechos violentos en el Capitolio. Es relativamente fácil en Android ver dónde ha estado una persona que tiene activado el GPS, gracias al uso de redes sociales, fotografías o con el uso de apps a las que se les otorga el permiso como mapas, de entrega de productos o servicios y similares. Por ejemplo Airbnb canceló reservaciones en Washington al detectar personas con historial violenta que pretendían alquilar propiedades en la semana en que se realizaría el cambio de presidente en ese país.
Según Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy and Law, indica que es necesario que se aplique la protección de datos, ya que en el sector público, el usuario es quien posee los mismos y solo bajo una resolución judicial las autoridades pueden acceder a ella, o en una averiguación previa del tipo federal. Considera excesivo el uso de los mismos por las autoridades, más en las locales. Es preocupante que en México personas sin los conocimientos especializados en el tema sean quienes lo propongan.
También se propone la creación de una app para recopilar dicha ubicación de los usuarios, por parte de las instituciones de seguridad y procuración de justicia para el análisis de información. De esta forma automáticamente podrían saber dónde ha estado, el tiempo, la fecha, con quien se ha comunicado entre otros posibles datos, aunque sea “solo para integrar la investigación, prevención y reacción de los delitos”. Es una tarea difícil detectar a un posible criminal o involucrado en forma accidental entre tantos millones de habitantes en el país, y menos que de forma voluntaria quieran descargar una app que saben va a vigilar cada paso que den.
Con información de El Universal
