El gobierno mexicano necesita recursos urgentemente frente a la crisis de ingresos que vive el país. Pero en esta ocasión le pueden pegar a un servicio que afecta tanto a la población de menores ingresos como a la educación. Hablamos de las telecomunicaciones.
Según las empresas de telefonía reunidas en distintas asociaciones (Anatel, Canieti, Amcot y hasta la parte académica a través del CIDE), el impuesto por usar un teléfono celular será en total de 21%.
Ellos suman 15% del IVA, más los cuatro puntos del IEPS que es el nuevo gravamen a las telecomunicaciones, más 2% de contribución para el combate a la pobreza.
En total el consumidor final podría estar pagando 21% de tributo por el uso de esos teléfonos, y en el caso de la población de menores ingresos sí es una fuerte afectación.
Recordemos que la población de menor ingres, que no puede tener un teléfono fijo, ha tenido acceso al celular a través de la modalidad de prepago.
Alrededor de 50 millones de los 60 millones de teléfonos celulares, son de prepago.
El otro punto a considerar sobre el gravamen propuesto de 4% sobre servicios de telecomunicaciones, es el fenómeno de internet en la educación.
Hoy en día el internet es una herramienta necesaria para los estudiantes. Por allí vienen tareas, investigaciones, y al fin y al cabo están conectados con la información de última generación. Sabemos que todos los organismos internacionales consideran al internet como una herramienta de desarrollo social y económico y gravarla con 4% puede desincentivar su uso.
Desde hace más de diez años no veíamos a todas las empresas de telefonía, Telcel, Nextel, Iusacell y Telefónica, reunidas por una causa común. Ahora lo están haciendo.
El cabildeo empezó desde el martes pasado en la presentación de Agustín Carstens,
El Consejo Coordinador Empresarial y su Centro de Estudios, el CEESP, insisten que el gobierno federal sí puede bajar más el gasto corriente.
El presidente Calderón se ha quejado de no entender a la iniciativa privada ya que ningún otro mandatario se ha animado a desaparecer tres
El CCE insiste que aún con las desapariciones, el gasto corriente va a terminar siendo más alto el próximo año.
Incluso, según los estudios del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, la desaparición de las tres
El sector privado sí pide una disminución más consistente en el gasto corriente, en sueldos y salarios y gastos operativos.
El presidente del CCE, Armando Paredes, nos confirma estar de acuerdo con el discurso del presidente Calderón y apoyarlo en todas las reformas. Pero sí ve que la actual es una miscelánea fiscal y no llega a los grados de una reforma fiscal de largo alcance.
El Diablo, José Antonio Fernández, presidente de FEMSA, lo dijo abiertamente: el gobierno se va por el camino fácil. Fernández se refiere a la propuesta fiscal donde siente que no le están cobrando a la enorme economía informal, y sí vuelven a cargar la mano sobre los contribuyentes cautivos.
Aunque, obviamente, también está disgustado por el aumento en el IEPS a las cervezas que se elevaría de 25 a 28 por ciento. En el fondo el problema es el mismo: la crisis de ingresos del sector público. En efecto, es el momento de hacer aumentar la base tributaria de quienes no pagan impuestos y que los partidos políticos se dejen de rounds de sombra.
Es un hecho. El impuesto al consumo es una tendencia internacional: son fáciles de administrar y cobrar. Pero tienen un componente regresivo en contra de los pobres, entonces es cuando lo recabado debe destinarse a programas sociales bien focalizados. Regresar un 2×1, 2 de programa social contra uno de impuestos a favor de los más pobres.
Por eso los representantes de la ONU, de visita en México, están apoyando el impuesto al consumo de 2% de contribución contra la pobreza.
Los impuestos al consumo, más allá de la fetichización del IVA, pueden ser una buena solución siempre y cuando se les elimine su elemento regresivo para la población de menores ingresos.
Extraido de Excelsior en Linea desde los Foros de PoderPDA