Si usted es propietario de un terreno extenso que está fraccionado para que cada lote se arriende, ¿le interesaría saber a quiénes les está rentando cada terreno? ¿Qué pasaría si no supiera quiénes están ocupando predios de su propiedad? ¿A quién le cobraría la renta? Si después los quisiera vender, ¿les diría a los interesados que los terrenos pueden estar invadidos y que habrá que desalojarlos antes de ocuparse? Ahora que si el interés como propietario es poder aprovechar el terreno al máximo teniendo muchos inquilinos, ¿anunciaría la disponibilidad de terrenos al público o se reservaría la información sólo para los cuates?
Aunque pareciera ajeno a nuestra vida cotidiana, desde que amanecemos estamos utilizando servicios que emplean espectro radioeléctrico. Éste es el medio de transmisión para la televisión y la radio abierta, el celular, el acceso inalámbrico a Internet, las comunicaciones de seguridad pública, la comunicación vía satélite, etcétera. La decisión de quién utiliza las frecuencias del espectro radioeléctrico es vital y, dependiendo del servicio, puede influir en nuestra vida democrática por la presencia o ausencia de pluralismo informativo y de concentraciones de bienes nacionales en ciertos grupos corporativos. El tema del espectro ha sido tradicionalmente relegado en México por las administraciones como si se tratase sólo de algo técnico y no de un asunto de prioridad nacional donde el Estado debe ejercer su rectoría.
El espectro es ese gran terreno y los lotes en los que está fraccionado son las frecuencias. El gobierno federal, como responsable del uso eficiente de ese bien nacional, debe tener toda la información de quién puede ocupar cada lote (frecuencias), en qué lugar (cobertura geográfica) y cuánto debe pagar (contraprestación). Debe también saber qué lotes están disponibles y poner a disposición del público esa información. Después de todo, el espectro es un bien de todos los mexicanos y el gobierno es simplemente el administrador.
El deber ser y la realidad en México suelen ser muy distintos, ¿por qué habría de ser diferente el espectro? El abismo entre lo que debe ser y lo que es, es producto histórico de la negligencia y la opacidad en beneficio de algunos y en perjuicio de la mayoría. Veamos.
A semejanza de la corte del rey Arturo donde sólo unos cuantos eran privilegiados para acceder a la información y conocer los asuntos de Estado, antaño el gobierno y los aliados al sistema sabían qué frecuencias estaban libres y en dónde, lo que les permitía negociar para recibir concesiones para estaciones de radio o televisión. En un Estado que se jacta de democrático y donde además la ley exige a la autoridad publicar la información relativa a los usuarios de cada segmento por región, ¿por qué nada ha cambiado? ¿Será que nuestra democracia fue sólo una cirugía cosmética del régimen anterior? ¿Por qué la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Telecomunicaciones no revelan dicha información? Los beneficiarios son los grupos de poder establecidos que, ante la ausencia de información pública sobre la disponibilidad de espectro, impiden que puedan surgir competidores y subsistir, así como evitan que se reduzca la concentración.
El gobierno federal se dedicó a repartir concesiones y permisos para uso de frecuencias (lotes), sin elaborar una base de datos que le dijera quién era su inquilino, en qué lote estaba, por cuánto tiempo era el contrato de arrendamiento y cuánto le debía pagar de renta. Por tanto, es imposible administrar eficientemente el terreno sin la información adecuada y mucho menos hacer una planeación para la evolución tecnológica, para las necesidades de radiocomunicación para servicios de seguridad pública, nacional y de inteligencia, por ejemplo. Asimismo, cada vez que lanza una licitación para nuevos arrendamientos de frecuencias, se evidencia que algunas porciones del lote están ocupadas legalmente por personas con permisos o concesiones, algunos de ellos de vigencia indefinida.
La administración de las frecuencias del espectro demanda atención y acción urgente si es que se pretende dejar atrás el Estado del compadrazgo y fortalecer el de las instituciones. No es una tarea fácil, pero si el camino está en 20,000 kilómetros se tiene que empezar con el primer paso.