El congreso de la ciudad aprobó el impuesto del 2% por el uso de infraestructura de la ciudad a todas las empresas tecnológicas, el cual afectará directamente a los usuarios finales, ya que las empresas de reparto y envíos, como Amazon, Mercado Libre, Uber Eats, DiDi Food, Rappi, entre otros, tendrán que incrementar sus costos, los cuales no lo pagarán ellos, sino los consumidores.
Sin embargo, a pesar de que se dice que el impuesto no debe incluirse en el costo total a cargo del usuario, ni cobrarse a los terceros oferentes o cualquier otro tercero que realice la entrega de paquetes, alimentos, víveres o cualquier tipo de mercancía, sabemos de antemano que este impuesto pasará a cargo de los usuarios y que afectará de una u otra forma el bolsillo de cada persona que hace uso de estos servicios.
Se dice que el dinero recaudado por este 2% de impuesto será usado preferentemente para tareas de mantenimiento de infraestructura en la ciudad.
Por supuesto, ante la aprobación del nuevo impuesto varias asociaciones se han pronunciado al respecto, como la Asociación Latinoamericana de Internet y la Asociación de Internet MX, quienes argumentan que el impuesto es inconstitucional. Afirman que establece un piso disparejo, ya que el impuesto no se cobra a empresas no digitales que también están en el negocio de reparto y entregas.
Al final de todo el impuesto terminará por elevar los costos al usuario final, así como a restaurantes y todo lo que conlleva. Las asociaciones mencionan que el impuesto es discriminatorio debido a que no aplica a negocios físicos, solo a negocios digitales.
