El Instituto Federal de Telecomunicaciones (“IFT”) dio a conocer oficialmente el pasado 9 de noviembre las tarifas de interconexión para servicios móviles que regirán en 2018, incluyendo aquellas que deberán pagar los otros concesionarios por terminar tráfico en la red de Telcel.
En marzo del 2014, con base en las atribuciones que le otorgó la reforma constitucional en telecomunicaciones de 2013, el IFT determinó la regulación asimétrica aplicable a Telcel en su calidad de “agente económico preponderante”, término utilizado en la Constitución para identificar al operador que goza de la preferencia de los usuarios. En ese momento, el IFT estableció tarifas de interconexión asimétricas por virtud de las cuales Telcel tenía que pagar 56% más de lo que le pagaban los otros concesionarios a Telcel por el mismo servicio ($0.2045 vs. $0.3199).
Incomprensiblemente, a pesar del régimen de subsidio que ha prevalecido en tarifas de interconexión desde 2014, y de las claras y manifiestas condiciones de competencia efectiva en el mercado móvil, el IFT determinó establecer para 2018 tarifas de interconexión asimétricas por virtud de las cuales Telcel tendrá que pagar 295% más que lo que le pagarán los otros concesionarios móviles por el mismo servicio ($0.028562 vs. $0.112799). Es decir, el régimen de subsidio sustancial en beneficio de los otros operadores continuará durante 2018. Se resalta que en el ámbito internacional, las asimetrías históricas en este tipo de tarifas y las muy pocas aún vigentes son muy inferiores a las establecidas por el IFT. Telcel analiza los medios de impugnación a su alcance para continuar su defensa frente a subsidios regulatorios injustificados, así como para que se le compense de los daños y perjuicios ocasionados por dichos subsidios.
Tarifa Cero
El reciente anuncio del IFT es muy relevante, ya que desde el 13 Agosto del 2014 ese órgano constitucional autónomo fue, en contra de los principios establecidos en la Constitución, impedido por una ley secundaria propuesta por el Poder Ejecutivo y aprobada por el Poder Legislativo, en ejercer su atribución de regular asimétricamente en materia de tarifas de interconexión a los participantes del sector de telecomunicaciones. Dicha ley secundaria derogó la regulación que tan solo 5 meses antes había impuesto el IFT a Telcel y determinó un régimen de gratuidad conocido comúnmente como la “tarifa cero”, la cual consiste en la prestación de servicios gratuitos a nuestros competidores. Este régimen de gratuidad fue declarado inconstitucional recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (“SCJN”).
Lamentablemente, esta importante resolución de la SCJN llegó tarde, ya que Telcel ha tenido que subsidiar de manera directa a los otros operadores por más de 3 años y debe continuar sufriendo la afectación de ese inconstitucional subsidio hasta enero de 2018.
Precios a los Consumidores
Históricamente, los precios a los usuarios finales han venido reduciéndose gracias a los avances tecnológicos, a las grandes inversiones en infraestructura, al incremento en usuarios móviles, al cada vez mayor uso de servicios de telecomunicaciones (voz y datos), al aumento en la productividad y a la eficiencia en costos de los operadores. Lo anterior ha permitido, en todos los países del mundo, la sustancial reducción constante en los precios de servicios de telecomunicaciones. Por lo anterior, es falso qué la eliminación de la “tarifa cero” afecte los precios a los consumidores o la permanencia en el mercado de beneficios como los planes ilimitados de voz, mismos que son cada vez más comunes internacionalmente para beneficio de los usuarios.
En adición, se resalta que mientras el precio promedio por minuto de voz en el mercado móvil es menor a 8 centavos de peso ($0.08), el modelo de costos del IFT obsequió a nuestros competidores móviles una tarifa de interconexión de más de 11 centavos de peso ($0.11), es decir una tarifa de interconexión mayor al precio promedio al que se vende el servicio de voz a los usuarios finales, lo que carece de todo sentido económico.
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