Durante años, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha propuesto una nueva ley de Ciencia en México, la cual ha sido respaldada y ahora aprobada por ambas cámaras del Congreso en menos de una semana.
Una nueva Ley de Ciencia
Esta ley busca implementar cambios profundos y transformadores en la forma en que se realiza la investigación científica y se persiguen nuevas tecnologías en el país.
La Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación es un proyecto que el Conacyt ha perseguido durante mucho tiempo. En su portal, se explica que esta nueva ley “garantiza el derecho humano a la ciencia para el pueblo de México” y no considera el desarrollo de ciencias y tecnologías como un “beneficio exclusivo para empresarios e investigadores”.
En contraste, el Conacyt asegura que la ciencia y las tecnologías ahora se consideran como “bienes al servicio de la nación y el bienestar”. Sin embargo, la comunidad científica ha reaccionado de manera unánime ante las modificaciones, calificándolas de “aberrantes”, según el biólogo Antonio Lazcano, profesor emérito de la UNAM, en una entrevista con El País.
La red ProCiencia Mx señaló en su posicionamiento que la ley es “discriminatoria”. En anticipación a lo que sucederá en las próximas semanas, la investigadora del Cinvestav, Alma Maldonado, escribió en su cuenta de Twitter “nos quedan los tribunales”.
La nueva Ley de Ciencia fue aprobada en medio de irregularidades, como la presunta falta de quórum en el Senado y una sesión que tuvo que hacerse en una sede alterna con prisa, ya que era la última sesión ordinaria antes de que el Senado se tomara una pausa hasta septiembre.
Además, la aprobación se hizo sin parlamento abierto, es decir, sin las discusiones prometidas con la comunidad científica. La nueva Ley de Ciencia y Tecnología en México ha generado controversia entre la comunidad científica y la posición gubernamental.
Aprobación en medio del caos
Esto se divide en dos controversias principales. La primera es la pregunta de ¿para quién es la ciencia? Según la ley aprobada, todo mexicano tiene derecho a “gozar los beneficios del desarrollo científico”. Bajo este principio, el Estado debe fomentar la divulgación e investigación del conocimiento científico, cuyos fines últimos deben ser el bien social.
Sin embargo, los 26 centros públicos del Conacyt que tenían autoridad presupuestaria para elegir sus proyectos de investigación pierden esta capacidad con la nueva ley. En su lugar, un consejo integrado por las Secretarías de Estado y gobiernos estatales decidirá qué tipo de investigación se llevará a cabo en el país.
La segunda controversia se refiere a la inclusión de la SEDENA y SEMAR en la ecuación. La junta que define los destinos de los presupuestos de ciencia ya no incluye a los 26 centros públicos del Conacyt, pero sí a una junta en la que participan las Secretarías de Estado y hasta el Ejército Nacional.
Fuerzas Armadas y la ciencia
El profesor Lazcano fue tajante: incluir a las Fuerzas Armadas en la toma de decisiones científicas y tecnológicas “es absolutamente aberrante”. Según el portal de explicaciones de la ley del Conacyt, el consejo no es eliminado, sino reemplazado por uno de otro nombre: el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
Aunque los cambios parecen ser estéticos, en realidad hacen referencia al enfoque “humanista” que el nuevo consejo tendrá al decidir qué tipo de investigaciones científicas se llevarán a cabo en México, lo que ha generado críticas por parte de la comunidad científica.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que el nuevo enfoque dejará fuera a grupos elitistas que recibían presupuesto público y que no producían ciencia. La acusación se formalizó cuando Álvarez-Buylla afirmó que empresas como Intel, Motorola y LG utilizaron presupuesto público para “magnificar sus ganancias”.
Poco después de las acusaciones, Intel respondió que el presupuesto sí fue adjudicado para el desarrollo de nuevas tecnologías y aseguró que su ejercicio fue con apego a la ley.
Aunque no ha habido más referencias a las cifras por parte de Álvarez-Buylla, la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información ha expresado su preocupación de que la ley desincentive la participación de empresas en proyectos financiados con fondos públicos.
