A pesar de la necesidad de contar con un servicio eficiente y que ofrezca tarifas accesibles, la Dirección de Transporte de Yucatán, representada por Humberto Hevia, parece apoyar como única opción para el servicio de transporte de pasajeros a los miembros de su organismo sin aceptar otros, ya que considera innecesario dar más concesiones, aunque en realidad no han dado ninguna desde que el señor está al frente de este organismo, lo que dejaría fuera a Uber, Cabify y Ryde & Go.
Lo irónico de esto es que le exigen a Ryde & Go (servicio local) y Uber tener este requisito para poder operar “legalmente” , ya que son a su parecer, “servicios piratas“. Argumentan que poseen un estudio que sustenta jurídicamente que no es necesario dar tales concesiones, pero no indicó dónde está para poder demostrar con datos la afirmación hecha (en Yucatán existen 1,300 concesiones, divididas en 13 organizaciones, donde el 10% son independientes).
Hasta ahora la dirección a su cargo ha impedido circular 18 vehículos de particulares por prestar servicio de transporte a pasajeros, gracias a los retenes de inspección enfocado a concesionarios y a detectar “taxis piratas” (que los existen pero no son obviamente Uber ni Ryde & Go). El promedio es de seis vehículos al mes, cantidad que aumentó debido a la aparición de los servicios que usan apps móviles. Por supuesto, no son detenidos los miembros del Frente Único de los Trabajadores del Volante (FUTV) a pesar de que usan la app “Mi Taxi Yucatán” ya que ellos “son legales”.
Ante la detención de los 10 automóviles que prestan servicio para la plataforma Uber, el representante en Yucatán, respondió que la operación de ellos es legal, ya que cumple con obligaciones fiscales, es una empresa legal y los socios cumplen con los requisitos que se les exigen pero no se pueden regular porque no existe la figura legal para su modelo de negocio en la Ley Estatal de Transporte, la cual se creó antes de que existiera este tipo de servicio (el gobierno estatal parece estar cerrado a crearla, ya que afectaría los intereses del FUTV).
Por lo pronto Uber apoya a los conductores para que salgan lo antes posible, para no afectar a los socios yucatecos, servicio que los ciudadanos que lo han usado valoran por su eficiencia, seguridad y precio. Las multas que se les imponen van de los 50 a 500 salarios mínimos (aproximadamente entre $3 mil 500 MXN a $35 mil MXN), ya que los Inspectores de Transporte y los agentes de la Secretaría de Protección y Vialidad pueden impedir la circulación de un vehículo destinado a la prestación de un servicio público o particular de transporte de pasajeros, cuando este se preste con exceso de pasajeros, fuera de ruta u horario o cuando se viole de manera flagrante alguna disposición de esta Ley y su reglamento.
Esperemos que recapaciten y no se siga evitando la libre competencia, porque estas medidas no van hacer que mejore el servicio que ofrecen los miembros de esta organización y quienes han probado “a la competencia ilegal” se dan cuenta de la gran diferencia que existe entre ambos y es evidente que la preferencia se da hacia el que no altera los precios ni distancias y llega más rápido (existen usuarios de taxis se han quejado de esperar hasta tres, sin que alguno llegue).
