La llegada a México de nuevas compañías que ofrecen servicios de envíos masivos de mensajes de texto y multimedia a bases de datos de hasta 45 millones de teléfonos celulares en el país, podría estar marcando la entrada a la era del spam en el país.
Aparentemente, Schickclick lleva operando en México desde el tercer trimestre de 2007 y es una filial de Yall-Ya, empresa que ofrece otros servicios de envío de SMS y de mercadotecnia. Este tipo de empresas operan fuera de toda regulación en el país y cuentan con bases de datos cuyo origen es incierto. Schickclick dice contar con 30,000 registros que ofrecen estar segmentados por sexo, edad y código postal, lo que supone que cuentan con datos personales sensibles como la dirección del domicilio y la fecha de nacimiento de los usuarios, aunque no garantiza que dicha información esté actualizada.
Un aspecto que muchas veces no es considerado por quienes contratan los servicios de envíos masivos de SMS son los costos extra por Roaming automático nacional o internacional cuando aplique en el caso de los mensajes de texto, pues es imposible saber si el destinatario se encuentra dentro de la zona de cobertura local en el momento del envío masivo.
Para contactar a la compañía no hay otra forma más que por correo electrónico o por teléfono pues en su página Web no existen datos como el domicilio fiscal. Sin embargo, subieron anuncios en abril de 2008 a páginas gratuitas de clasificados donde dicen ubicarse en la colonia Condesa en el Distrito Federal. De acuerdo con el abogado Oliver Luengo, el usuario puede verificar si la empresa está legalmente constituida en el país si se tramita una investigación ante el Registro Público de Comercio.
“En caso de una demanda las leyes estipulan que si no hay un registro ante la instancia correspondiente, ni han facilitado su domicilio fiscal en Internet donde se le pueda notificar, el juez puede solicitar el procedimiento pertinente para localizar dónde operan gracias a la dirección IP de la computadora desde donde administran el sitio”, explicó.
No se sabe cómo pudieron haber conseguido datos personales para su registro, pero irónicamente exhiben un aviso de confidencialidad el cual promete no utilizar la información proporcionada por el cliente si no exclusivamente para el servicio que fue contratado.
Otra compañía que también ofrece este servicio es efuturnet.com, está basada en Mérida, Yucatán y dice tener ocho años como Agencia Web publicitaria, además de proporcionar Web hosting, entre muchos otros servicios. En su caso es sorprendente que ofrece llegar a 45 millones de teléfonos celulares de acuerdo con un documento obtenido por Netmedia.info, aunque en su página Web sólo ofrecen llegar a 45,000. En este caso también cuentan con segmentación por código postal.
Al respecto, Ángeles Jasso, directora general de Contratos de Adhesión de la Procuraduría Federal de Consumidor, reconoció que estas compañías no pueden ser sancionadas por cometer abusos en contra de los consumidores ya que sólo puede vigilarse el cumplimiento o no del contrato de adhesión que el proveedor establece con el consumidor, figura que aún no existe para envíos masivos de mensajes al teléfono móvil. No obstante, el consumidor puede inscribirse al Registro Público del Consumidor (RPC) para solicitar que sus números telefónicos no sean utilizados con fines mercadológicos y comerciales.
“Desde el 26 de noviembre del año pasado existe el RPC y su finalidad es proteger el número telefónico ya sea fijo o móvil para evitar el envío no solicitado de promociones o datos. Incluso hemos sabido de compañías que solicitan al consumidor enviar un contenido vía Bluetooth, pero cada uno debe autorizar que su número o su equipo sea utilizado o no”, dijo la funcionaria.
Jasso recordó que para evitar recibir promociones o mensajes de bancos y entidades financieras el cliente debe acudir a la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Condusef. Además advirtió que el consumidor puede hacer una denuncia ante la Profeco si la empresa continúa enviando mensajes no solicitados una vez que se registró en el RPC.
“Por el momento sólo son algunos proveedores como las casas de empeño o los servicios funerarios los que cuentan con contratos de adhesión registrados ante Profeco con cláusulas que obligan al proveedor a preguntar al consumidor si desea recibir publicidad o la prestación de algún servicio, así como para que sus datos personales no sean utilizados para otros fines que los contratados, pero por supuesto se pretende que sean más. El objetivo de todo esto es proteger la privacidad”, explicó.
