La Fiscalía detectó mina de criptomonedas en plantel de Conalep en San Luis Potosí
El consumo excesivo de luz eléctrica y recibos con tarifas cada vez más altas fue la causante de que se detectará una mina de criptomonedas en un plantel de Conalep en San Luis Potosí. Esto causó que la directora de la institución pidiera una revisión de las computadoras de las oficinas centrales para dar con lo inimaginable.
Obviamente, esto es algo muy raro, ya que crear una mina de criptomonedas no lo hace cualquier persona, sino una con conocimientos técnicos elevados. La operación para el minado de monedas digitales implica un uso excesivo de energía eléctrica, además de poseer equipos de alto rendimiento para enfriar las máquinas.
Debido a que los recibos de la luz llegaban con tarifas muy altas, la directora del plantel Conalep ubicado en la calle Arista, Patricia Álvarez Escobedo, pidió se revisarán las computadoras de las oficinas centrales, fue ahí donde se detectaron unas PC que estaban excediendo el uso de energía.
Después de una ardua investigación de la Fiscalía de San Luis Potosí se señaló al jefe de informática del plantel como presunto culpable, quien fue denunciado por peculado, abuso de confianza y lo que se acumule. Si bien la actividad de minar monedas no es un delito, si lo es cuando se utilizan computadoras o equipo informático de una institución pública.
Según información proporcionada por la Policía Cibernética, el acusado podría ir a la cárcel, ya que está cometiendo un delito debido a que el jefe de informática del Conalep de SLP es funcionario de confianza y está utilizando las oficinas, luz, internet, equipos y el servidor para cometer el minado de criptomonedas.
#FiscalíaSLP | Integra denuncia del CONALEP por “Minería de Criptomonedas”: Ruiz Contreras.
Nota completa: https://t.co/2AHhjtjmRK#UnaFiscalíaMásCercanaALaGente pic.twitter.com/6GJqwqrVwg— Fiscalía San Luis Potosí (@FiscaliaSLP) March 24, 2022
Sin embargo, se ha conformado que al menos otra persona del área de informática participó en el minado de al menos 12 millones de dólares, donde en conjunto dieron acceso a agentes externos las facilidades para sabotear el sistema de la institución educativa.
